Por:
Octavio Díaz García de León
Hace
unos días se aprobaron en el Congreso Federal, reformas relacionadas con el combate
a la corrupción. Este trabajo
legislativo fue objeto de controversia porque no se aceptó hacer obligatoria la
publicación de la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal (3de3) a
los funcionarios públicos. Quizá, por ser la bandera de las organizaciones civiles
que la impulsaron y encontraron apoyo en más de 630,000 ciudadanos, se haya
sobredimensionado la importancia de hacer públicas estas declaraciones y
soslayado otros importantes avances.
La Ley General de Responsabilidades
Administrativas aprobada (Ley 3de3) protege los datos personales y aquellos aspectos
que puedan afectar la vida privada de los servidores públicos, haciendo
optativa la publicación de ésta información contenida en las tres declaraciones
y por lo tanto contraviniendo la iniciativa ciudadana que pedía la publicación
completa. Por otra parte, el Senado incluyó una modificación de última hora en
la cual se obliga a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza
recursos públicos o contrate con entes del gobierno y a las personas físicas
que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales contratistas
del gobierno, a presentar estas tres declaraciones. Esta obligación es abusiva
porque podría afectar a millones de personas que reciben subsidios y será muy
difícil de operar.
Estas dos disposiciones
han provocado la protesta de los impulsores de la Ley 3de3; especialmente los
empresarios que se han sentido agraviados y lo atribuyen a una venganza de los políticos
por presionarlos para que combatan a la corrupción. Los senadores y diputados del
PRI y PVEM, quienes aprobaron la nueva Ley de Responsabilidades, han dicho que
los empresarios son parte de la corrupción y por eso se les debe aplicar
también.
Hay
argumentos a favor y en contra. La idea de obligar a todo servidor público a publicar
sus “3de3” declaraciones, es el que estén sujetos al escrutinio público para
verificar que no se enriquezcan a costa del erario. Eso está bien en teoría,
pero hay dos problemas: la publicación de esta información no garantiza que
esté completa y sea confiable; el otro problema es suponer que existe una sociedad
con capacidad de usar ésta información para denunciar a los corruptos.
Por
lo que respecta a los servidores públicos, hay preocupación por la situación de
inseguridad que prevalece por todo el país y a la que temen verse expuestos al
revelar su patrimonio; además, se podrían violentar sus derechos a la
privacidad y protección de datos personales. Sin embargo, se puede argumentar
que es mayor el interés público de dar a conocer esta información, para evitar
un mal mayor que es la corrupción, que el posible daño que se les pudiera
causar. Hay que destacar que desde la promulgación de la Ley de Transparencia en
2002 no se tiene noticia de algún servidor público afectado por la delincuencia
con motivo de revelar información de su patrimonio o sus ingresos, siendo esto
último obligatorio.
Si
para combatir la corrupción fueran indispensables las declaraciones “3de3” como
única forma de obtener esa información, entonces sería un aspecto central de las
reformas. Pero no es así. Ya sean servidores públicos o quien recibe recursos
públicos vía contratos u otros medios, deben estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y es información que la autoridad investigadora puede
solicitar al SAT. En lo que respecta a la situación patrimonial, la información
que aporten los obligados es una información casi inútil mientras no se
verifique. Los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración
patrimonial desde hace más de 20 años y en muy pocos casos ha servido para
combatir la corrupción. Para detectar
enriquecimiento por actos de corrupción hace falta una investigación a
fondo; lo mismo sucede con la declaración de intereses.
La transparencia
no ha disminuido los niveles de corrupción en nuestro país como lo demuestran
los índices que la miden. Por ello, la idea de transparentar estas tres
declaraciones para disminuir la corrupción, es más bien un buen deseo. Para que
la transparencia incida en el combate a la corrupción se requiere una sociedad
observante, con conocimientos para analizar la información pública y con
capacidad e interés por denunciar aquellos actos de corrupción que observe.
Desafortunadamente, esto se da apenas de manera muy incipiente. La formación de personas y organizaciones con
capacidad para usarla y explotarla en beneficio de la sociedad no ha venido aparejada
con los grandes avances en el acceso a la información pública, lo cual
constituye una tarea pendiente de los organismos garantes.
El dar
o no a la publicidad las “3de3” de los funcionarios públicos merece un debate más
objetivo. Sopesar si de verdad incide en disminuir la corrupción y como afecta
los derechos a la privacidad y protección de datos personales. Pero no debería
ser la discusión central de las reformas anticorrupción. Hay otros aspectos más
importantes, como el implementarlas para dar resultados.
Lo más
significativo de las reformas anticorrupción ha sido la movilización de más de
630,000 personas que por primera vez hicieron posible una iniciativa de ley
ciudadana. Pero el tener estas reformas son solo un primer paso. Faltan muchas más
leyes por reformar, instituciones que crear y luego que den resultados. Por
ello son necesarias cada vez más personas involucradas en este movimiento
contra la corrupción para poder incidir en su disminución.
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