Por:
Octavio Díaz García de León
Los
gobernantes desde tiempos inmemoriales han emitido leyes para normar la
conducta de sus gobernados lo que ha facilitado la convivencia. Las costumbres
se volvieron leyes no escritas y luego pasaron a inscribirse en piedra para
convertirse en códigos inmutables. Así
se puede admirar el Código de Hammurabi en el Museo del Louvre, el cual está escrito
en una piedra de basalto de 2.25 metros de altura en forma de dedo índice. Se
estima que este Código fue escrito alrededor del año 1750 A.C.; es una
compilación de 282 leyes que regulan el comercio, la vida privada, castigan el
robo y el daño a la propiedad, el homicidio, las lesiones, trata los derechos
de: la mujer, en el matrimonio, de los
esclavos, de los menores; entre otros aspectos. El castigo por los delitos cometidos se basa
en el principio de causar el mismo daño sufrido o ley del Talión. El famoso
“ojo por ojo”. Desde entonces los gobernantes han tratado de dar leyes a sus
pueblos y han establecido sus procedimientos para administrar justicia, mediante
tribunales que determinan la culpabilidad de los acusados y aplicar las penas
correspondientes.
A
diferencia del Código de Hammurabi que está escrito en piedra y no ha cambiado
en 3800 años, nuestra Constitución de 1917, cuyo 99 aniversario acaba de
celebrarse, ha sufrido alrededor de 560 modificaciones desde entonces, la
última, hace una semana. En ella encontramos desde cosas muy loables pero
incumplibles como el hacer la educación obligatoria hasta el nivel medio
superior, hasta aspectos tan triviales como los requisitos que deben cumplir
quienes formen parte del organismo de gobierno de algunos órganos autónomos,
así como su proceso de selección. Tanta modificación a nuestra Constitución
contrasta con las 27 enmiendas que ha sufrido la Constitución de Estados Unidos
en 228 años.
Adicionalmente
existen 291 códigos, estatutos, leyes y ordenanzas federales más las que se
acumulen esta semana (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm) y en Aguascalientes existen 128 leyes
estatales. (http://www.ordenjuridico.gob.mx/despliegaedo2.php?ordenar=&edo=1&idi=&catTipo=4). En total, un aguascalentense está
sujeto a 1084 ordenamientos jurídicos estatales, más los ordenamientos federales
y los municipales que les apliquen.
El
profesor del Colegio de México, Fernando Escalante Gonzalbo, en su excelente
libro escrito con fina ironía, “El Principito o al Político del Porvenir”, cita
al genio de las letras españolas, Don Francisco de Quevedo, quien decía: “Así
como aplicados muchos remedios juntos, no son medicina, sino enfermedad, así
las leyes, siendo la salud de la República, son su mayor daño cuando se multiplican...”
Pero
el problema no solo es el exceso de leyes y los cambios constantes a la
Constitución, sino que muchas de estas leyes son aspiracionales. Es decir,
leyes promulgadas para intentar cambiar la realidad de acuerdo con una visión
de legisladores “ilustrados” que determinan lo que hace “mejor” al país sin
tomar en cuenta sus características fundamentales. Desde que nació México se ha llenado de leyes
aspiracionales, algunas de muy difícil cumplimiento. Por ejemplo, algunas
disposiciones de la Constitución de 1917 chocaron contra las costumbres de una
población en su gran mayoría católica, lo cual dio origen a la Guerra Cristera.
La pacificación se logró no derogando los artículos que chocaban contra las
costumbres de las personas sino simplemente dejándolas de aplicar durante décadas.
Después
de todo las leyes se hacen, pero no siempre con la intención de que se cumplan
ya que se vuelven útiles para negociar apoyos y comprar voluntades a cambio de
su no aplicación. Tal y como lo menciona el Dr. Escalante en el libro antes
citado, en las repúblicas mafiosas conviene que haya muchas leyes y en su
mayoría incumplibles para que quien administra su aplicación tenga el poder
para negociar con el ciudadano incumplido a cambio de un soborno o a cambio de
apoyos políticos.
Así prospera la corrupción, con cuyo dinero el político se vuelve cada vez
más poderoso (“Un político pobre es un pobre político” diría uno de sus exponentes,
el Prof. Carlos Hank González), asegurando
de pasada el futuro de varias
generaciones de descendientes (El Banco Interacciones, el Grupo Hermes, el
Hipódromo de Tijuana, los casinos de Grupo
Caliente por ejemplo, propiedades
de la familia Hank), y ayuda a ganar elecciones mediante la adquisición de votos,
aunque al Prof. Hank con todo y el regalo de ranchos y mansiones, no le alcanzó para que López Portillo lo
nombrara presidente.
Basta
recorrer la zona metropolitana de la Ciudad de México para entender cómo
funciona la administración mafiosa de las leyes. Se permite a grupos de
clientelas políticas violentar diariamente la Ley, pero siempre se les tiene
amenazados con hacerla cumplir si no apoyan al partido en el gobierno o no entregan
cuotas a funcionarios corruptos. Así operan los puestos de ambulantes, los
taxistas, los invasores de predios, los constructores de desarrollos
inmobiliarios, los franeleros, los que se adueñan de las calles, y ahora, con
un reglamento de tránsito incumplible para la mayoría, se controla a camioneros
y peseros, y se comprarán voluntades de automovilistas.
Somos
un país de muchas leyes y de muy poco respeto a las mismas. El INEGI documenta
un 98% de impunidad en delitos. ¿Cuándo
le daremos prioridad a cumplirlas en lugar de hacer más leyes? Urge repensar
nuestro sistema legal para adaptarlo a la realidad del país. Habrá que derogar
tanto ordenamiento inútil para la convivencia y quedarnos con algo simple y
sencillo. ¿Será mucho pedir?
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Twitter: @octaviodiazg http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/ Correo: odiazgl@gmail.com
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